Ley de Sometimiento fue sancionada por De la Espriella: así funcionará el nuevo mecanismo para desmantelar estructuras criminales en Colombia
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil, firmaron la Ley de Sometimiento, luego de que ambas corporaciones aprobaran un texto idéntico para evitar una conciliación. La iniciativa pasa ahora a sanción presidencial y debe quedar promulgada antes de las 11:59 p. m., del miércoles 4 de noviembre.
La Cámara aprobó el proyecto en su último debate con 95 votos a favor y 10 en contra. La plenaria acogió el articulado que había sido aprobado previamente por el Senado mediante una “votación espejo”, un procedimiento que permitió unificar el texto entre las dos cámaras.
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Para alcanzar ese acuerdo, la Cámara reabrió los artículos 2 y 25. Con esa decisión, el Congreso evitó que el proyecto fuera enviado a una comisión de conciliación, un trámite que habría puesto en riesgo el cumplimiento del plazo previsto para la sanción presidencial.
Tras la firma, Barguil sostuvo en su cuenta de X que la ley busca “recuperar la autoridad, fortalecer la justicia” y asegurar que quienes hayan cometido delitos respondan ante la ley. También afirmó que la aprobación marca el cierre de la política de Paz Total.
“Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, sumó Barguil.
Henríquez aseguró que el Senado aprobó la norma “con plenas garantías democráticas” y precisó que: “No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes”.
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La norma modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. Según el proyecto 433/26C–296/26S, crea un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin reconocerles estatus político ni abrir mesas de negociación política con sus integrantes.
El texto fija un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y seis años para los colaboradores. Las rebajas de pena estarán condicionadas a una colaboración eficaz con la justicia y a la entrega de bienes obtenidos de manera ilícita.
Además, establece reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y de hasta el 30% para mandos de las organizaciones, bajo las condiciones señaladas en la ley. Las condenas deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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La iniciativa también contempla la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas. El objetivo es vincular los incentivos judiciales con el aporte de información útil para las investigaciones y con medidas de reparación a las víctimas.
La plenaria del Senado había dado luz verde al proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra. Durante ese debate fueron negadas las proposiciones de archivo y de eliminación de los artículos 1 al 29, salvo la referida al artículo 25.
El artículo 25, cuestionado por las reglas que planteaba para el manejo de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), fue eliminado con 78 votos. El representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca Torres, señaló que la supresión retiró una disposición que permitía contratación directa y reservada con cargo a ese fondo.
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Salamanca afirmó que cuatro de sus once proposiciones fueron aceptadas y que otras tres fueron incorporadas parcialmente. Entre los cambios aprobados figura la posibilidad de investigar a terceros mencionados por integrantes de grupos armados ilegales, sin esperar una condena contra la persona que entregue la información.
El congresista también destacó que se limitó la facultad reglamentaria del Gobierno a aspectos operativos y logísticos. De esta forma, el Ejecutivo no podrá crear requisitos, beneficios o causales adicionales a los establecidos en la ley.
El Senado, por otra parte, aprobó con 65 votos el artículo 17, que incorpora la deforestación y la tala ilegal entre las conductas contempladas, junto con la minería ilegal. La disposición precisa contenidos para programas de restauración ecológica.
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Con 56 votos se avalaron dos artículos nuevos dirigidos a dar garantías jurídicas a la fuerza pública. El texto también incluye medidas de transformación territorial para sustituir economías ilegales por actividades lícitas y prevenir la reconfiguración de grupos armados.
El artículo 13 define la transformación territorial integral como un mecanismo de articulación estatal en zonas afectadas por economías criminales. La medida busca coordinar intervenciones para impulsar alternativas legales en esos territorios.
A su vez, el artículo 19 crea programas de tránsito a la legalidad bajo la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Estos programas deberán contar con lineamientos de los ministerios de Trabajo y Educación, además de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y enfoques étnico, territorial y de género.
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Salamanca, sin embargo, advirtió que continúan pendientes la definición de recursos y plazos para la reparación a las víctimas, así como salvaguardas frente a posibles presiones en los procesos de libertad condicional.
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