Corrupción al interior de Gendarmería

La llamada “Operación Apocalipsis” -llevada a cabo por la Fiscalía y las policías a fines del año pasado- dejó al descubierto una grave red de corrupción que involucró a varios penales del país, pero especialmente a Santiago I, dejando un saldo de más de 60 detenidos, 44 de los cuales eran gendarmes. La indagatoria dejó en evidencia que existía un completo tarifario para el ingreso de productos ilegales a los recintos carcelarios, así como para el acceso de personas no autorizadas. Era esperable que por la escala de esta red de corrupción aparecieran más involucrados, y así ha ocurrido recientemente con la segunda fase de esta investigación, donde uno de los inculpados -que fue dejado en prisión preventiva- es Álex Vega Torres, quien hasta marzo se desempeñó como histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, uno de los ocho gremios que existían en la institución.

A Vega se le acusa de lavado de activos, cohecho agravado y apremios ilegítimos con resultado de muerte. También se indaga si acaso las elecciones del gremio fueron objeto de adulteraciones para asegurar que Vega pudiera ser constantemente reelecto. Diversos testimonios que han sido reunidos en la investigación penal coinciden en sindicarlo como el “cabecilla de la mafia que controlaba Santiago I”, para lo cual fue fundamental el fuero que le otorgaba su condición de dirigente sindical.

El caso de Vega Torres abre desde luego un sinnúmero de interrogantes -por de pronto, si acaso hubo un manto de protección que le permitió operar con tal nivel de impunidad, y cómo fue posible que a pesar de haber sido objeto de reiterados sumarios y sanciones por conductas reprochables, aun así pudiera seguir dirigiendo una entidad gremial-, pero sobre todo deja al descubierto los graves núcleos de corrupción que existen en Gendarmería, y que exigen una intervención a gran escala ante los riesgos que ello implica, sobre todo porque detrás de estas redes que operan al interior de las cárceles se advierte la presencia del crimen organizado.

Las señales de que al interior de Gendarmería venían ocurriendo graves casos de corrupción datan de largo tiempo, partiendo por las “celdas VIP” en distintos recintos penales. Aun así, no se tomaron medidas enérgicas, pese a que era evidente que detrás de estas prácticas había mafias, las que incluso seguían manejando sus negocios desde dentro de las cárceles. La forma como se administró Gendarmería también permitió que prácticas irregulares no fueran detenidas a tiempo. El hecho de que la institución haya sido políticamente cuoteada a lo largo de diversos gobiernos, y que se consintiera un inaudito número de asociaciones gremiales, solo terminó creando parcelas de poder e impunidad.

Es un paso importante que se haya aprobado la reforma constitucional -propuesta por el gobierno anterior- en orden a que Gendarmería pase a formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que su dependencia haya pasado al Ministerio de Seguridad y que las asociaciones gremiales hayan sido disueltas de manera inmediata. Con todo, es necesario que Seguridad agilice los cambios que se requieren -entre ellos el aumento de las plazas penitenciarias, para reducir el hacinamiento-, porque para el combate a la delincuencia y el narcotráfico es fundamental asegurar que las cárceles y sus custodios no sean foco de corrupción y delitos.