Videos | ¿Cómo se vive entre explosiones por drones y ráfagas de fusil en la zona rural de Jamundí, Valle?: de labores del campo a la supervivencia

Las montañas de un municipio ubicado a escasos 15 minutos de Cali volvieron a temblar este jueves 5 de noviembre.

Las ráfagas de fusil y las detonaciones volvieron a romper este jueves 5 de noviembre el silencio de la cordillera en La Liberia. A escasos 15 minutos del casco urbano de Cali, los habitantes de la zona rural alta y plana del municipio de Jamundí revivieron el pánico de un confinamiento forzado. 

Ejército reforzó el despliegue de tropas en Timba, Valle, con apoyo de artillería y de Fuerza Aérea, para intensificar operaciones militares contra la disidencia de las Farc 'Jaime Martínez', al servicio de alias Iván Mordisco. La ofensiva busca evitar nuevas acciones violentas https://t.co/3XgGVWzUqU

— BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 5, 2026

Estos combates se intensificaron en Timba, Valle, que limita con el corregimiento del mismo nombre, pero el de Cauca. Según la Tercera Brigada, "se refuerza el despliegue operacional de la Tercera División con capacidades de artillería y apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para mantener la presión operacional sobre la estructura 'Jaime Martínez', al servicio de alias Iván Mordisco".

Los civiles, las víctimas

"La operación militar continúa en este sector, donde las tropas buscan debilitar el componente armado de esta estructura ilegal y evitar que sus acciones criminales afecten la seguridad y tranquilidad de las comunidades", dice un reporte de la Tercera Brigada.

Un campesino comentó a EL TIEMPO que si va de un corregimiento a otro debe tener un salvo conducto con el guiño de la disidencia. Asimismo, los trabajos forzados para construir una carretera en zona del corregimiento de San Antonio y ser parte de mingas so pena de ser asesinados es parte de esta realidad, además de las invasiones de tierras que han despojado a sus propietarios hasta con intenciones de secuestrarlos.

En Jamundí se registraron 56 homicidios entre el primero de enero y el 21 de mayo de este 2026, según las cifras oficiales consolidadas del Observatorio del Delito de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta cifra refleja una tendencia al alza frente a los 47 casos reportados en el mismo periodo del año 2025. 

Determinar con precisión matemática cuántas de estas muertes corresponden estrictamente a víctimas colaterales o directas de la guerra de las disidencias de las Farc es un desafío estadístico, debido al subregistro, el temor a denunciar en la zona rural alta y los homicidios selectivos bajo sospecha de colaboración institucional. Sin embargo, los organismos humanitarios reportan que el impacto civil de este conflicto se manifiesta en tres dinámicas criminales específicas durante lo corrido del año.

El hecho más grave documentado este año por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) fue el secuestro y posterior asesinato de cuatro jóvenes civiles —de entre 18 y 19 años— raptados a mediados de abril en el corregimiento de Villa Paz por el frente Jaime Martínez. Sus cuerpos aparecieron con tiros de gracia y vendados en zonas rurales de Suárez (Cauca) y sobre la vía a Timba (Jamundí).

Hostigamientos en estaciones de policía y atentados dirigidos en estaciones de servicio o vías principales —como los tres ataques con granadas registrados en el mes de julio en los sectores de La Circunvalar, El Jordán y Anturios— han dejado saldos de civiles fallecidos y decenas de transeúntes heridos.

De acuerdo con la alerta temprana 023 emitida por la Defensoría del Pueblo en octubre de 2026, los asesinatos ejecutados en las inmediaciones de los corregimientos de Timba y Río Claro suelen estar acompañados de carteles y mensajes amenazantes, lo que confirma el ejercicio de purgas y represalias directas contra la población civil por parte de los bloques disidentes que disputan los corredores estratégicos.

Incluso, hacer control político o discutir presupuestos bajo chalecos antibalas y rodeados de uniformados en el casco urbano evidencia riesgos por la guerra de drones y que la zona rural alta hoy clama por ser escuchada, en medio del silencio forzado y el miedo a las balas. 

El riesgo político real en el municipio salió a flote tras el grave atentado sicarial perpetrado el 16 octubre de este 2026 contra el exalcalde y exconcejal de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el cual su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Felipe López, fue asesinado protegiéndolo. El exmandatario denunció que su organización política ha sufrido acciones por ejercer un control político en la región. 

Los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en el territorio enfrentan hoy un escenario de riesgo extremo, tipificado por la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 023 de 2026 como una grave amenaza de homicidios selectivos y control social forzado. 

Defender a la comunidad en Jamundí significa caminar con una sentencia de muerte firmada por el frente 'Jaime Martínez', un panorama sangriento que este año cobró la vida de Cirlady Gómez Zúñiga, una reconocida lideresa comunitaria de 68 años e integrante del Comité de Adulto Mayor, quien fue asesinada a tiros dentro de su propia vivienda en la vereda Chontaduro, en zona de Peón, durante la madrugada del 30 de agosto de este año.

Solo dos días antes del crimen de la lideresa comunitaria, el horror golpeó de forma directa la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas con el secuestro y posterior asesinato de Jefferson Maquerry Mamián Santa Cruz, hijo de la activista Marleny Mamián, quien fue sacado a la fuerza de su hogar por hombres fuertemente armados. 

Asimismo, la sevicia criminal se ensañó contra la población de la tercera edad en el corregimiento de Guachinte con el doble homicidio de los esposos y líderes comunitarios Luis Aponte y Lucy de Aponte, quienes fueron sacados de forma violenta de su propiedad y ejecutados por impactos de bala en una zona boscosa circundante el 6 de octubre de este año.

De las labores al campo a la supervivencia

Los corregimientos de Ampudia, Potrerito, Robles, Villa Colombia, La Liberia y Timba se han convertido especialmente con el paso de los años en el epicentro de hostigamientos que demuestran que las estructuras criminales, los disidentes del frente 'Jaime Martínez' en alianzas con narcos y grupos delincuenciales, se niegan a ceder el control de este estratégico corredor hacia el océano Pacífico. 

Vivir bajo estas condiciones transformó las rutinas del campo en un ejercicio diario de supervivencia. 

Los campesinos, atrapados entre las montañas, relatan cómo las detonaciones de artefactos explosivos improvisados modificaron su entorno, pues ya no se trata solo del combate convencional entre los subversivos y el Ejército en su defensa de la soberanía y el Estado, sino que ahora el peligro acecha desde el cielo, forzando a familias enteras a buscar refugio en las esquinas de sus viviendas.

El uso de drones, aquellas aeronaves no tripuladas por parte del frente 'Jaime Martínez', adscrito al 'Bloque Occidental' de las disidencias de las Farc, transformó la dinámica del conflicto en el sur del Valle del Cauca. 

Lo que comenzó en 2024 como misiones esporádicas de vigilancia evolucionó con rapidez hacia el despliegue sistemático de drones acondicionados para el lanzamiento de cargas explosivas e incluso el uso de tecnologías avanzadas inspiradas en conflictos internacionales. 

Las estadísticas oficiales reflejan la gravedad y la aceleración de esta amenaza, registrando un incremento exponencial en los balances acumulados. De un puñado de incidentes tecnológicos en años anteriores, Colombia pasó a registrar 61 ataques efectivos en 2024, una cifra que se disparó de forma dramática a 333 ataques durante el año 2025, representando un incremento superior al 445 %

En lo corrido de 2026, la cifra consolidada a nivel nacional ya supera los 176 casos documentados, mientras que en la escala regional, las declaraciones institucionales de la Gobernación del Valle evidencian el ensañamiento contra este municipio del sur de la región en límites con el Cauca, formando un corredor para traficar drogas y armas. Van más de 98 ataques con drones dirigidos contra la Fuerza Pública y áreas pobladas en el último año.

Cada corregimiento de la zona rural enfrenta una faceta particular de este mismo asedio criminal que se mueve por el corredor del miedo. 

El corregimiento de La Liberia opera como uno de los puntos más críticos y de alta tensión en la parte alta de la cordillera. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un escenario de asedio constante por parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, registrando dinámicas de afectación civil muy complejas a lo largo de este año. 

En febrero de 2026, el corregimiento vivió momentos de máxima tensión cuando unidades del Ejército Nacional quedaron atrapadas en medio de una asonada. 

Las investigaciones y denuncias oficiales confirmaron que la población civil y los comerciantes locales fueron presionados e instrumentados bajo amenazas por el grupo armado ilegal para obligar el repliegue de las tropas de la zona y forzar el cierre del comercio.

El corregimiento de Ampudia, ubicado en la parte alta, ha sido escenario de incursiones combinadas, donde en un solo episodio reportado por las autoridades, las tropas del Ejército Nacional debieron repeler una oleada simultánea de 15 drones explosivos que dejaron uniformados heridos por esquirlas.

Por su parte, Potrerito, situado en el inicio de la zona rural plana, ha visto cómo su subestación de la Policía es blanco reiterado de la criminalidad, acumulando una preocupante seguidilla de ataques en 2026 donde la sede de la Fuerza Pública sufrió cuatro en un lapso menor a dos meses, empleando en cada ocasión un promedio de cinco drones con explosivos de forma simultánea.

En febrero de 2026, el corregimiento vivió momentos de máxima tensión cuando unidades del Ejército Nacional quedaron atrapadas en medio de una asonada. Las investigaciones y denuncias oficiales confirmaron que la población civil y los comerciantes locales fueron presionados e instrumentados bajo amenazas por el grupo armado ilegal para obligar el repliegue de las tropas de la zona y forzar el cierre del comercio. 

La afectación no da tregua y Robles, un corregimiento de la zona plana, ha pagado una alta cuota de afectación civil tras registrar ataques contra la subestación de Policía que incluyeron el lanzamiento masivo de hasta 17 cargas explosivas desde el aire, el 13 de mayo de este 2026, causando heridas por esquirlas a líderes sociales de la Junta de Acción Comunal y graves daños en techos y fachadas de viviendas vecinas. 

Paralelamente, Villa Colombia y La Liberia operan como puntos neurálgicos de la cordillera que sirven de zonas de repliegue y avance para las disidencias, donde el traqueteo de ametralladoras confina regularmente a la población campesina. 

Finalmente, Timba, ubicado en el límite político con el departamento del Cauca, actúa como bisagra del conflicto regional, sufriendo constantes detonaciones aéreas y hostigamientos que cortan el tránsito de mercancías y misiones médicas sobre el corredor vial.

Frente a esta crítica acumulación de atentados en los últimos tres años, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la obtención del terreno base para el Batallón de Alta Montaña se mantiene en un proceso de escrituración y viabilidad técnica. 

Toro ratificó que el lote está listo y los recursos económicos se encuentran asegurados, explicando que la inversión para la construcción y dotación tecnológica de la guarnición militar se respaldará con fondos departamentales y el presupuesto especial de la tasa de seguridad, estimando una destinación inicial de aproximadamente 7.800 a 8.000 millones de pesos. Pero señaló, como lo ha hecho en los últimos dos años, que es necesario que la Fuerza Pública pueda tener mejor dotación tecnológica frente a los grupos armados ilegales. 

Este esfuerzo de estabilización territorial cuenta con el apoyo directo e irrestricto del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien instruyó priorizar el despliegue del Batallón de Alta Montaña y arreciar la ofensiva de la Tercera Brigada del Ejército para neutralizar las plataformas de lanzamiento de drones y los cultivos ilícitos que financian la guerra en las cumbres de Jamundí. 

Mientras los cronogramas de edificación avanzan bajo el mando militar, la población civil sigue resistiendo en medio de la montaña, esperando que la presencia del Estado ponga fin a los días de confinamiento y zozobra.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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