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Thursday, September 24, 2026

¿Ahorro o castigo? La batalla del Caribe para evitar que el plan energético de la CREG encarezca las facturas en la región más caliente del país

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El programa de la Creg establece para cada usuario una meta individual de consumo calculada a partir de su comportamiento durante los últimos doce meses. Sin embargo, existen puntos de fricción. Foto: Archivo/EL TIEMPO

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El Caribe colombiano vuelve a quedar en el centro de una discusión energética nacional. Esta vez el nuevo punto de controversia es el programa de ahorro de energía adoptado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una medida diseñada para enfrentar los riesgos que podría traer un fenómeno de El Niño de alta intensidad y proteger las reservas energéticas del país.

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Sin embargo, mientras la autoridad regulatoria sostiene que el esquema es necesario para preservar la estabilidad del sistema eléctrico, en la región Caribe crece la preocupación por el impacto que podría tener en los bolsillos de hogares y empresas ubicados precisamente en una de las zonas más calientes de Colombia.

El debate ha escalado al Congreso de la República. Senadores del Atlántico y de la bancada Caribe han pedido ajustes a la resolución y advierten que la medida podría terminar castigando necesidades asociadas al clima, más que excesos en el consumo.

¿Cómo funciona la medida?

El programa establece para cada usuario una meta individual de consumo calculada a partir de su comportamiento durante los últimos doce meses. La lógica, según la CREG, es que cada persona se compare consigo misma y no con usuarios de otras regiones del país.

La Alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad a adoptar prácticas responsables  en el consumo de energía eléctrica.

La medida busca ahorrar energía y evitar una crisis mayor. Foto:ARCHIVO ET

La regulación fija una banda de referencia entre el 90 % y el 110 % de esa meta. Quienes mantengan su consumo dentro de ese rango no tendrán consecuencias económicas adicionales. Pero aquellos que superen el límite del 110 % deberán asumir un cobro extra sobre la energía consumida por encima de ese umbral.

A su vez, quienes logren reducir su consumo por debajo del 90 % podrán obtener beneficios dentro del programa. Para usuarios comerciales e industriales, el factor de cobro establecido es de 1,70 sobre los excedentes.

La medida se encuentra actualmente en una etapa pedagógica, pero comenzará a aplicarse plenamente a partir del próximo 1 de octubre.

Los puntos de fricción

La principal inconformidad de congresistas y organizaciones de usuarios no está en la necesidad de ahorrar energía, sino en un cuestionamiento alrededor de las condiciones climáticas que enfrenta la región Caribe.

Guillo González -Kronos

En el Caribe, el consumo responde más a una necesidad cotidiana que a una decisión de confort. Foto:ARCHIVO ET

Mientras la CREG sostiene que la metodología ya incorpora esas diferencias porque toma como referencia el historial de cada usuario, los críticos consideran que las altas temperaturas previstas para los próximos meses podrían provocar un aumento natural del consumo, incluso sin cambios en los hábitos de las familias.

El senador barranquillero Carlos Meisel ha sido una de las voces más visibles en este debate. Durante el control político realizado al regulador, el congresista cuestionó si la resolución realmente tiene en cuenta las diferencias entre vivir en una zona fría y hacerlo en ciudades donde el calor extremo hace indispensable el uso de ventiladores, aires acondicionados y sistemas de refrigeración.

La crítica del senador apunta especialmente al mecanismo de incentivos. Según explicó, una familia ubicada en zona cálida puede consumir alrededor de 500 kilovatios hora al mes, mientras que una ubicada en clima frío podría registrar consumos cercanos a 130 o 150.

Bajo la misma regla porcentual, el esfuerzo requerido para acceder a beneficios sería considerablemente mayor para quienes viven en regiones de altas temperaturas.

El senador liberal Camilo Torres Villalba fue incluso más allá y propuso que la regulación contemple un margen diferencial de hasta el 15 % para la región Caribe.

Su argumento es que la demanda eléctrica en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira está estrechamente ligada a factores climáticos permanentes, que obligan al uso continuo de sistemas de ventilación, refrigeración y climatización.

Torres también solicitó información técnica sobre el estado de los embalses, las reservas hídricas y los indicadores que sustentaron la decisión regulatoria.

En medio aparece Air-e

La discusión adquiere una dimensión aún mayor porque ocurre en una región donde persiste el malestar ciudadano por el servicio eléctrico.

Empresa Air-e en Barranquilla

Air-e es especialmente cuestionada por su servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Foto:El Tiempo

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios ha advertido que el programa llega en un momento sensible para los habitantes del Caribe, quienes enfrentan altas temperaturas y continúan expresando inconformidades por la calidad del servicio prestado por Air-e.

Para la organización, el principal problema de la resolución es que parte de una premisa nacional sin considerar plenamente las condiciones que enfrentan departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde el consumo responde más a una necesidad cotidiana que a una decisión de confort.

Según la Liga, el riesgo es que miles de familias o hogares terminen pagando recargos por aumentar su consumo durante los meses de mayor calor, aun cuando dicho incremento esté asociado a condiciones climáticas extremas y no necesariamente a desperdicio de energía.

La organización también ha vinculado el debate con la situación que atraviesa Air-e, empresa intervenida por el Gobierno Nacional y que continúa enfrentando dificultades financieras y operativas.

Desde su perspectiva, los usuarios del Caribe podrían terminar enfrentando una combinación especialmente compleja: una red eléctrica cuestionada por interrupciones frecuentes del servicio y, al mismo tiempo, la posibilidad de asumir nuevos cobros por consumos que consideran difíciles de reducir bajo las actuales condiciones climáticas.

Por ahora, la CREG mantiene su defensa del esquema y asegura que la meta individual ya incorpora las características climáticas de cada región porque se construye con base en el historial de consumo de cada usuario.

Sin embargo, desde el Caribe siguen pidiendo respuestas concretas. ¿Cuántos usuarios podrían terminar pagando recargos? ¿Cuántos de ellos viven en zonas cálidas? ¿Cuánta energía espera ahorrar realmente el país? ¿Cuánto dinero recaudaría el programa? ¿Qué simulaciones se realizaron para departamentos donde las temperaturas superan con facilidad los promedios nacionales?

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Con la entrada en vigor de la medida a pocos días de distancia, la discusión está en si el esfuerzo para evitar una crisis energética terminará recayendo con mayor peso sobre una región donde combatir el calor no es un lujo, sino una necesidad cotidiana.

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