Las víctimas al final de la fila

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Chile arrastra una deuda profunda con su infancia más vulnerable. Entre 2019 y 2025, las víctimas de violencia sexual aumentaron un 46,4%, según la Defensoría de la Niñez. En 2025 se registraron 28.969 casos de abuso sexual y 5.058 de violación contra menores, mientras que 41.557 niños, niñas y adolescentes (NNA) esperaban atención en programas de protección especializada por vulneraciones de derechos en general. Esto evidencia la brecha entre las necesidades de protección y la respuesta oportuna del Estado.

En ese contexto, la decisión del Ministerio de Justicia de conceder rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abre un debate sobre la aplicación de la normativa vigente y los mecanismos de protección de las víctimas. Según CADEM, un 77% desaprueba la gestión del titular de la cartera en este caso y un 75% expresa poca o ninguna confianza en la capacidad del Estado para proteger a NNA frente a los delitos sexuales.

Para explicar los fundamentos jurídicos de su proceder, el ministro Fernando Rabat ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema y la irretroactividad de la ley 21.421 de 2022, que excluyó estas rebajas. No obstante, existen diferentes criterios de interpretación y aplicación de la normativa. CIPER constató que el gobierno anterior rechazó solicitudes de esta naturaleza y defendió ese enfoque en tribunales. En una muestra de 73 recursos de amparo de 2022 a 2025, la justicia ordenó conceder el beneficio en 68 casos y lo rechazó en cinco.

Interferencia reveló, a su vez, que el propio Ministerio rechazó al menos cinco solicitudes entre marzo y mayo de 2026, dos con la firma de Rabat, antes de comenzar a concederlas. ¿Qué justificó el giro y por qué se optó por otorgar administrativamente las rebajas y no discutir cada caso en tribunales?

La legalidad no exime a una autoridad de explicar sus decisiones y rendir cuentas. La prudencia para anticipar consecuencias y la empatía hacia las víctimas deben ser parte de la responsabilidad pública. Por eso importa que la Defensoría de la Niñez haya anunciado que pedirá antecedentes sobre el cambio de criterio y los resguardos para las víctimas, frente a una decisión que provoca sorpresa, temor e incertidumbre en ellas y sus familias.

Ante toda la controversia, el gobierno ha anunciado la suspensión de nuevos trámites y el estudio de fórmulas jurídicas para revisar los decretos concedidos. En paralelo, la presidenta del Senado impulsa un proyecto transversal para eliminar la excepción que permite determinadas reducciones de condenas y reforzar la argumentación de las decisiones.

Corregir la normativa es un paso necesario, pero la deuda con las víctimas no se salda solo con reformas. Proteger a la infancia exige prevenir con mayor eficacia la violencia, ofrecer respuestas oportunas, acompañar a quienes sufren abusos y vulneraciones de derechos y garantizar su reparación. La discusión de la Ley de Presupuestos es una oportunidad para demostrar que la protección de la niñez es una prioridad real.

Por Alejandra Sepúlveda P., gerenta Proyecto Integridad electoral y

Género (RLAC)-IDEA Internacional

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