$2,6 billones en 22 años: así cambió el mapa del agua potable en los pueblos del departamento del Atlántico y estas son las brechas pendientes

El departamento pasó de depender de pozos profundos en varias poblaciones a reportar una cobertura cercana al 100 % en las cabeceras municipales.

El agua que llega hoy a buena parte de los hogares del Atlántico es el resultado de una inversión que, sumada durante más de dos décadas, alcanza alrededor de $2,6 billones. 

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El proceso comenzó en 2004 y ha atravesado seis administraciones departamentales, con ampliaciones de redes, plantas, sistemas regionales y obras de saneamiento.

Pese a esta millonaria inversión, mientras la Gobernación asegura que la cobertura en las cabeceras municipales se acerca al 100  por 100, en corregimientos y zonas rurales todavía hay comunidades con dificultades de continuidad y acceso. Allí se concentra ahora uno de los mayores desafíos de la política de agua potable del departamento.

La dimensión de las inversiones vuelve a estar sobre la mesa durante la Semana de la Infraestructura que adelanta la administración de Eduardo Verano. En el actual periodo de gobierno, 2024-2027, están en ejecución 41 proyectos por cerca de $700.000 millones, distribuidos entre los 22 municipios e incluso con intervenciones que alcanzan a Barranquilla.

A esto se suma un dato del Departamento Nacional de Planeación (DNP): Atlántico obtuvo 85,48 puntos sobre 100 en el Índice de Planes Departamentales de Agua, resultado con el que ocupó el primer lugar entre los 32 departamentos evaluados. Según la Gobernación, es la sexta vez que alcanza esa posición.

Una inversión que comenzó en 2004

El punto de partida se ubica en la administración de Carlos Rodado Noriega, entre 2004 y 2007, cuando se puso en marcha el Plan Departamental de Agua. En ese periodo, según el balance de la Gobernación, se invirtieron cerca de $200.000 millones.

Durante el primer gobierno de Eduardo Verano, entre 2008 y 2011, la inversión ascendió a unos $400.000 millones. Le siguió la administración de José Antonio Segebre, entre 2012 y 2015, con aproximadamente $250.000 millones.

En el segundo periodo de Verano, de 2016 a 2019, se destinaron otros $400.000 millones. Entre 2020 y 2023, durante la administración de Elsa Noguera, continuaron las inversiones en sistemas de acueducto y saneamiento. El actual gobierno departamental proyecta alrededor de $700.000 millones entre 2024 y 2027.

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“Esto refleja un trabajo acumulado por años. Cuando vemos críticas al sistema, lo que veo es falta de conocimiento, falta de historia, falta de conocimiento de la realidad que teníamos: hace 20 años gran parte del Atlántico se surtía de pozos profundos”, afirmó Verano

El mandatario recordó que poblaciones como Sabanalarga y Baranoa dependían de aguas subterráneas con alta mineralización y aseguró que las deficiencias en la calidad del líquido tenían efectos sobre las condiciones sanitarias de sus habitantes.

“Hemos avanzado y bastante, y nos falta mucho más, sobre todo en las zonas rurales, que aunque estamos por encima de la media nacional, seguimos teniendo dificultades”, agregó.

El Regional del Norte entra en su etapa final

Una de las mayores inversiones actualmente en ejecución es el Acueducto Regional del Norte, que, según la Gobernación, presenta un avance cercano al 95 %.

El proyecto busca mejorar el suministro para Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Soledad y Usiacurí, además de sectores de Barranquilla.

El Regional del Norte cobra especial importancia por el crecimiento habitacional y turístico registrado en ese corredor del departamento, particularmente en Puerto Colombia y los municipios costeros.

El contraste aparece al salir de las cabeceras municipales. Mientras la Gobernación reporta coberturas cercanas al 100 % en las áreas urbanas, reconoce dificultades en corregimientos y sectores rurales, especialmente en el sur del Atlántico.

En estas poblaciones el problema no se limita a extender tuberías. Hay sistemas que requieren mejoras en operación, infraestructura que necesita ampliarse y comunidades donde la continuidad del servicio todavía no está garantizada.

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A esas dificultades se suma una barrera jurídica: asentamientos y sectores construidos sobre predios sin legalizar. Esa condición puede limitar la inversión directa de recursos públicos en infraestructura de servicios.

“Tenemos que reconocer que todavía hay comunidades a las que debemos llegar. Hay zonas rurales y sectores donde existen dificultades para llevar agua potable, incluso por situaciones relacionadas con la legalización de los predios”, explicó Verano.

El gobernador señaló que esa restricción no elimina la necesidad de buscar otras alternativas. “Ese no puede ser un motivo para detenernos. Tenemos que seguir buscando alternativas para cerrar esas brechas”, sostuvo.

El reto adquiere mayor peso porque el acceso no se mide únicamente por tener una conexión domiciliaria. La continuidad, la presión y la calidad del agua determinan finalmente las condiciones reales del servicio, especialmente en poblaciones donde históricamente los habitantes han denunciado interrupciones.

LEONARDO HERRERA DELGANS leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70

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