Sinaloa: avalan hasta 30 años de cárcel por reclutamiento forzado de menores
Culiacán, Sin., El Congreso del estado aprobó por unanimidad una reforma para castigar con hasta 30 años de prisión el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para realizar actividades delictivas, así como protocolos de protección y atención especializada a nivel estatal y municipal.
La enmienda integra al Código Penal de la entidad el delito autónomo de reclutamiento de menores de 18 años para realizar actividades ilícitas y establece una pena base de 10 a 20 años de prisión a los responsables, así como una multa de 800 a 600 días en unidad de medida y actualización.
Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea un familiar o tenga bajo su custodia, guarda o educación al menor; que la incorporación se haga mediante violencia física o sicológica, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. También cuando el reclutador sea un servidor público o cuando la víctima se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad.
Con la modificación al Código Penal se reconoce a los niños reclutados como víctimas del delito y no sólo como infractores o integrantes de actividades criminales. El dictamen señala que la respuesta institucional debe considerar la violencia y la instrumentalización de la que son objeto. Asimismo, contempla sanciones con las mismas penas y agravantes aquellas conductas cometidas contra personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. La legislatura local fundamentó la reforma en el principio del interés superior de la niñez, además de los principios de taxatividad y proporcionalidad de las penas.
Las reformas y adiciones derivaron de cuatro iniciativas presentadas de forma independiente por Morena, PVEM y PRI. La propuesta del PVEM, impulsada por la diputada Yeraldine Bonilla, planteó convertir el reclutamiento de menores en un delito autónomo y establecer penas de 10 a 30 años de prisión.
El PRI planteó modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer políticas públicas de prevención, atención, rehabilitación y reparación del daño; además de protocolos especializados.
La iniciativa de Morena, presentada por la diputada Arely Ruiz López, propuso penalizar la captación o utilización de menores de 18 años para cometer delitos.
La legisladora María Teresa Guerra Ochoa y otros integrantes del partido guinda formularon incorporar un capítulo en el Código Penal para sancionar el reclutamiento y establecer agravantes bajo el principio del interés superior de la niñez.
El dictamen advierte sobre el aumento de menores internados por delitos ligados a grupos criminales en Sinaloa. De acuerdo con los datos citados, el número pasó de cuatro adolescentes recluidos en septiembre de 2024 a 96 en diciembre de 2025, por actividades como vigilancia, narcomenudeo y halconeo.
En el ámbito preventivo se modificó el artículo 13 de la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del estado, que obligan a las autoridades estatales y municipales a establecer políticas públicas de prevención, rescate, rehabilitación y reparación del daño en casos de reclutamiento o utilización de menores por grupos delictivos.
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