Rabat defiende decretos que adelantaron la libertad de condenados presuntamente ligados al Tren de Aragua: “No puede hacerse puntos políticos”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este martes las rebajas de condena otorgadas a tres ciudadanos venezolanos sentenciados por delitos cometidos en La Serena, dos de los cuales recuperaron su libertad en septiembre, y sostuvo que la controversia responde a un problema de interpretación de la ley.

La autoridad atribuyó las decisiones a un problema de interpretación de la normativa y pidió que la controversia no se utilice con fines políticos.

Los beneficiados fueron condenados por robo con intimidación y delitos de armas en una causa en la que, según los antecedentes de la investigación, los acusados se habrían presentado como integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, su pertenencia a esa organización criminal no fue acreditada judicialmente.

Consultado sobre si tuvo a la vista los antecedentes con la presunta vinculación de los sujetos con el grupo criminal transnacional, Rabat apeló al alcance general de la legislación que regula estos beneficios y a los procedimientos que, según explicó, se aplican cuando existen órdenes de expulsión pendientes.

“Quiero señalarles que en esta materia hay que ser muy responsable. Esta es una ley que se encuentra vigente del año 2023 y salvo casos muy específicos no excluye a tipos de delitos”, respondió.

El secretario de Estado agregó que, cuando se trata de personas migrantes con órdenes de expulsión que podrían acceder a una reducción de condena, se oficia al Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones (PDI). También insistió en que la normativa no distingue, como regla general, entre tipos de delitos para conceder el beneficio.

“Durante los últimos 20 años de aplicación de la ley han recibido beneficios carcelarios condenados por delitos de distinta gravedad. Entre los que usted me pregunta, cada vez que se trata de migrantes con órdenes de expulsión que van a recibir ese beneficio se oficia también al Servicio de Migraciones y a la PDI, pero les quiero insistir es que esta es una ley que no distingue por general tipos de delitos”, aseveró.

Para luego remarcar que “este es un debate que hay que seguir con la altura de miras. No puede hacerse puntos políticos con situaciones como estas”.

Los tres condenados en La Serena

La controversia surgió a partir de un reportaje de Interferencia publicado este martes, que identificó a Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi como los tres beneficiados por decretos del Ministerio de Justicia.

Los delincuentes fueron condenados en agosto de 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena a cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones.

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2021, cuando cuatro ciudadanos venezolanos ingresaron a un inmueble de calle Cantournet, en La Serena, donde vivían siete mujeres venezolanas y una ciudadana dominicana.

Según los antecedentes de la investigación, las intimidaron con armas y exigieron pagos periódicos. De acuerdo con el reportaje, se presentaron como integrantes del Tren de Aragua.

Sin embargo, la pertenencia de los acusados a esa organización criminal no fue acreditada judicialmente. La Fiscalía los formalizó por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones; no fueron condenados por asociación ilícita ni por integrar el Tren de Aragua.

Los decretos del Ministerio de Justicia redujeron en nueve meses la condena de Aramburu Hernández y en tres meses las de Marott Morán y Ollarves Berbesi.

Según Interferencia, los dos últimos recuperaron su libertad en septiembre de 2026, mientras que la fecha de término de la condena de Aramburu quedó fijada para el 8 de marzo de 2027.

Los documentos fueron firmados el 6 de julio y el 4 de septiembre por Rabat, en los casos de Aramburu y Marott, respectivamente. El tercer decreto, correspondiente a Ollarves, fue emitido el 7 de septiembre y lleva la firma del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.

Recursos judiciales y la interpretación de la ley

Al referirse al conjunto de decretos cuestionados, el ministro sostuvo que parte de las resoluciones estaban relacionadas con recursos de amparo presentados previamente por los condenados. En particular, afirmó que 36 de los 54 decretos a los que hizo referencia tenían un recurso de ese tipo anterior a la decisión administrativa.

“Conforme a las reglas que llamamos los abogados de la cosa juzgada, no podía sino pronunciarse la comisión respectiva respecto a esos casos”, argumentó.

Rabat añadió que, tras la revisión mencionada durante la entrevista, quedaban 14 decretos en discusión.

Asimismo, afirmó que “está estableciéndose entonces que, en el gobierno anterior, más este, hay aproximadamente 375 casos en los cuales se confirió el beneficio de rebaja de pena a personas condenadas por estos delitos. Lo que deja en evidencia que existía un problema de interpretación”.

Ministro descarta renunciar

Durante la misma conversación, Rabat fue consultado por las solicitudes de parlamentarios oficialistas para que deje el cargo y por la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra.

El titular de Justicia descartó esa opción y aseguró que cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast, del gabinete y de senadores.

“Yo lo que he sentido es el respaldo no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y de los senadores. Ayer estuvimos en La Moneda con el Presidente, hoy día nuevamente, porque la instrucción de él ha sido muy precisa”, respondió.

Finalmente anunció que este miércoles comparecerá ante la Cámara de Diputados para exponer la posición del ministerio y entregar detalles sobre los criterios aplicados en la tramitación de los decretos.