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Thursday, October 1, 2026

¿Quién es Jhon Gabriel Molina, el gobernador que desafía las fumigaciones? Juzgado de Mocoa da trámite a las impugnaciones del Gobierno Nacional

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El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, se opone al plan de aspersión aérea. Foto: Archivo particular, Gobernación de Putumayo y archivo EL TIEMPO

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PERIODISTAActualizado:

El departamento del Putumayo se ha convertido en el epicentro de un intenso debate nacional que entrelaza la lucha contra el narcotráfico, los derechos de las comunidades campesinas y la salud pública. En el ojo del huracán se encuentra el actual gobernador,

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Gobernador de Putumayo. Foto:Archivo

Jhon Gabriel Molina Acosta lidera una férrea oposición frente al plan piloto de aspersión aérea del Gobierno Nacional. 

La controversia escaló tras sus recientes declaraciones públicas, en las que señaló que el regreso de las fumigaciones químicas expondría a la población a lo que él considera que traería graves secuelas de salud, incluyendo el riesgo de abortos espontáneos en mujeres embarazadas.

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"El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar un plan piloto de fumigación en el departamento del Putumayo ha generado mucha zozobra y mucho temor en nuestra población a raíz de las consecuencias del pasado, donde mucha gente fue afectada en su salud, muchas madres en embarazo perdieron a sus hijos, la contaminación a la fauna, a la flora, a las fuentes", dijo el gobernador Molina.

"Sin embargo, el gobierno departamental se obliga a todas las acciones legales para combatir los ingresos ilegales de los grupos al margen de la ley y también reconocer que hay una problemática", agregó, avivando la polémica.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina Acosta,se opone al plan de aspersión aérea.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina Acosta,se opone al plan de aspersión aérea. Foto:Archivo particular y Gobernación de Putumayo

Ingeniero de profesión, Molina Acosta asumió el cargo formalmente el 25 de marzo de 2025, tras imponerse con 42.673 votos en unas elecciones atípicas celebradas el 23 de febrero de ese mismo año. Su llegada al poder se dio en reemplazo del destituido Carlos Andrés Marroquín. 

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Luego de que el Consejo de Estado tumbó la elección del exgobernador Marroquín, por doble militancia, el actual mandatario estuvo tambaleando en el cargo por una demanda que alegaba una supuesta inhabilidad por parentesco con una funcionaria del departamento. El alto tribunal descartó estos señalamientos.

La demanda contenía dos cargos. El primero, una posible inhabilidad por el parentesco del gobernador con Lucy Maritza Molina, su hermana, quien ejerció como secretaria general del Ministerio de Educación durante el año anterior a la elección. 

"Ello, según el nombramiento efectuado mediante el Decreto 1093 del 27 de agosto de 2024 y por el nombramiento en encargo como directora general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para aprender", se detalla en esa sentencia.

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El segundo argumento tuvo que ver con otra supuesta inhabilidad, pues el gobernador fue empleado público en el departamento como diputado del Putumayo para el periodo 2024–2027, lo que, según el demandante, lo ubicaba dentro del plazo de un año de impedimento para ser elegido gobernador.

Para el Consejo de Estado, el cargo que desempeñaba la hermana del gobernador en el departamento no se enmarca en la causal de inhabilidad, al no comprobarse que los contratos en los que intervino fueran para el Putumayo. Por ello, el Consejo de Estado salvó la elección del gobernador del Putumayo y descartó la inhabilidad por parentesco con una funcionaria.

Molina fungió como secretario de despacho en la Alcaldía de Mocoa y gerenció en dos periodos la Empresa de Energía del Putumayo (EEPU). Además, es víctima directa del conflicto armado colombiano, tras haber perdido a su padre por cuenta de la violencia en el territorio.

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Hoy, avalado por una coalición del Partido Conservador, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Molina defiende la tesis de que la erradicación de los cultivos ilícitos debe ser manual, concertada y con inversión social, llegando a proponer que los propios campesinos participen en la limpieza voluntaria de hasta 40.000 hectáreas de hoja de coca. 

La polémica: ¿el glufosinato de amonio causa abortos?

La tensión actual estalló luego de que el Gobierno Nacional anunció un plan piloto experimental para reactivar la aspersión aérea sobre 1.000 hectáreas de coca distribuidas en nueve municipios del Putumayo. Sin embargo, en esta ocasión no se plantea el uso del tradicional glifosato, sino de un químico alternativo: el glufosinato de amonio. 

El gobernador Molina manifestó que este anuncio ha sembrado la zozobra en las comunidades rurales. 

Al fundamentar su rechazo, evocó las consecuencias humanitarias de las aspersiones del pasado, asegurando que existen precedentes de afectaciones agudas a la salud, contaminación de fuentes hídricas y abortos en mujeres gestantes debido a la exposición a herbicidas a gran escala. 

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El gobernador mencionó que, científicamente, agencias internacionales de salud y estudios ambientales han advertido durante años que los químicos de aspersión agrícola de alta concentración actúan como disruptores endocrinos y agentes de alta toxicidad celular. Dijo que el contacto directo o el consumo de agua contaminada con estos potentes herbicidas incrementaría exponencialmente los índices de morbilidad reproductiva, provocando fallas en el embarazo y malformaciones congénitas en zonas de aspersión.

El freno judicial, la impugnación del Gobierno y lo que dice la Corte

El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís y el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa frenaron provisionalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. 

Los jueces fallaron a favor de tutelas interpuestas por organizaciones como la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. 

Las autoridades judiciales argumentaron que el Ejecutivo no había acreditado de manera suficiente el cumplimiento de los estándares ambientales y sanitarios, ni las debidas consultas previas con los pueblos étnicos.

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Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un recurso de impugnación para revertir dicha suspensión. Ante ello, el mismo Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió ambas impugnaciones del Gobierno.

Además, ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá resolver la segunda instancia. La decisión corresponde a la Sentencia N.º 003 del 22 de septiembre de 2026, que frenó la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

EL TIEMPO consultó a abogados que informaron que no significa que el Juzgado haya cambiado de opinión ni que las fumigaciones puedan empezar ya.

Explicaron que conceder la impugnación no significa darle la razón al Gobierno, sino dar trámite al derecho a apelar.

Este choque jurídico revive la histórica línea trazada por la Corte Constitucional de Colombia. En sentencias hito (como la T-236 de 2017 y el auto 218 de 2019), el alto tribunal blindó los territorios bajo el principio de precaución. La Corte se ha referido a tres aspectos.

Evidencia científica

Si existe una sospecha fundada u objetiva de que una sustancia química genera daños graves e irreversibles a la salud humana (como afecciones dermatológicas, respiratorias o reproductivas), el Estado está obligado a congelar la actividad.

Consulta previa

No se puede reactivar ningún programa de fumigación aérea sin un proceso riguroso de participación ciudadana y consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Carga de la prueba

Es el Gobierno quien debe demostrar con estudios científicos rigurosos y objetivos que el químico a utilizar es 100 % inocuo para las poblaciones y la biodiversidad, y no al revés.

La polémica apenas comienza. Mientras el Gobierno Nacional presiona para desplegar las fumigaciones contra cultivos ilícitos, el gobernador del Putumayo plantea que la salud reproductiva de las mujeres y el bienestar de su entorno amazónico no deben ser blanco de daños colaterales en la guerra contra las drogas.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

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Decisión del Banco de la República.  Foto:

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