Paraguay: Defensa de Peña cuestiona prisión preventiva y descarta responsabilidad del exmandatario en crisis de Ueno Bank

La situación judicial del expresidente paraguayo Santiago Peña cambió este sábado, luego de que un juez dispusiera su prisión preventiva en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank, y tras ser destituido por el Congreso.

La resolución establece que permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), bajo un régimen de custodia determinado por razones de seguridad.

La medida fue cuestionada por su abogado, Ricardo Preda, quien, tras la audiencia de imposición de medidas, puso en duda que existan fundamentos para mantener al exmandatario privado de libertad.

El defensor argumentó que, tras dejar la Presidencia, Peña ya no dispone de las facultades institucionales que -según su criterio- podrían permitirle interferir en las actuaciones de los organismos públicos.

“El presidente no es quien directamente le dice a un ministro a qué banco hacer su depósito o a una institución equis. Eso cada uno decide en base a sus reparticiones técnicas”, dijo Preda, en declaraciones recogidas por el medio ABC Color.

El profesional letrado calificó la prisión preventiva como una medida excepcional y sostuvo que no resulta necesaria para asegurar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía, en tanto, busca establecer si el exjefe de Estado tuvo participación en operaciones que habrían favorecido a la entidad financiera mediante depósitos de recursos fiscales.

La controversia por los recursos públicos

La investigación apunta a eventuales responsabilidades de Peña en el direccionamiento de fondos de ministerios y otras instituciones estatales hacia Ueno Bank.

El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en una causa que también indaga las circunstancias que rodearon la crisis de la entidad y los recursos que quedaron comprometidos, incluidos depósitos asociados al Instituto de Previsión Social (IPS).

La defensa rechazó que el entonces Presidente tuviera facultades para determinar directamente dónde debían mantenerse los fondos de cada organismo. Para Preda, esa responsabilidad correspondería a las autoridades de las respectivas instituciones, asesoradas por sus unidades especializadas.

En esa línea, el abogado abordó los pronunciamientos públicos de Peña en respaldo de la situación financiera de Ueno Bank, realizados antes de que estallara la crisis. Según su explicación, el exmandatario se basó en información proporcionada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Bancos, entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento del sector.

El defensor argumentó que las intervenciones presidenciales buscaban contener la incertidumbre entre los usuarios y evitar que las dudas sobre una institución repercutieran en el resto del sistema financiero.

La relación comercial con el grupo

Las inversiones que Peña mantuvo en sociedades relacionadas con el grupo empresarial también fueron parte de las consultas a su abogado.

Preda reconoció que el exmandatario tuvo participaciones en Credicentro y Ueno Holding S.A.E.C.A., pero aseguró que se desprendió de ellas entre fines de 2024 y los primeros meses de 2025.

El profesional distinguió esas operaciones de la propiedad directa de Ueno Bank y negó que su representado haya tenido acciones en la entidad bancaria. Como respaldo de su argumento, aludió a una auditoría patrimonial de la Contraloría General de la República, cuyo resultado -según la defensa- fue favorable y estableció correspondencia en los antecedentes revisados.

Pese a ello, la investigación fiscal deberá establecer el alcance de las relaciones comerciales y eventuales actuaciones que puedan vincular al exgobernante con los hechos bajo indagación.

Cuestionamientos por custodia

La decisión de mantener a Peña en una instalación militar también generó preguntas durante la comparecencia de su abogado. Frente a los cuestionamientos por las condiciones de custodia, Preda explicó que el procedimiento responde a protocolos de protección asociados a la condición que tuvo su cliente como jefe de Estado.

A juicio del defensor, el acceso que Peña tuvo a información reservada sobre seguridad nacional y organizaciones criminales justifica que se adopten medidas especiales durante su permanencia bajo custodia. Por ese motivo, descartó que el lugar de reclusión represente un beneficio irregular.

El abogado agregó que el exmandatario ya había comparecido ante los fiscales para entregar una declaración de carácter general, instancia en la que -según su versión- negó las conductas que se le atribuyen.